Que parte de los residuos pueden pasar a ser una fuente primaria de generación de energía es una realidad, incipiente pero posible a gran escala. Cada español genera actualmente una media de más de 500 kilos de basura al año, lo que suma millones de toneladas y miles de vertederos por todas partes, cada vez más llenos y con un difícil tratamiento. El problema ha de ser abordado desde todas las perspectivas, valorando todas las opciones posibles y con cierta inmediatez, ya que de lo contrario la contaminación galopante que producen nuestras basuras tendrá difícil solución: basta con ver las imágenes de mares cubiertos de plástico como punta del iceberg.
La actuación de la sociedad, tanto de forma colectiva como individual, es sin duda una de las vías de solución (el COVID nos ha marcado la responsabilidad individual para evitar su propagación y acabar con él) y por ello cada uno puede, y debe, hacer todo lo posible por reducir el problema: reciclar en casa y en cada empresa es fundamental. Trabajar intensamente en la concienciación debe ser prioritario.
Buscar una segunda vida a los residuos es otra opción, más allá de amontonar los mismos en vertederos eternos. La tecnología está consiguiendo que ello sea así, aunque la apuesta sea todavía muy incipiente.
Y en tercer lugar, el reciclado de los residuos mediante su tratamiento y valorización energética en plantas de tratamiento de residuos es una opción; obtener energía de los desechos y además hacer desparecer los mismos con el consiguiente beneficio medioambiental es ideal y eso se está realizando a través de plantas de tratamiento de residuos y de biogás.
Como siempre, en cada uno de estos puntos la administración juega un papel fundamental, en la medida en que desarrolle normativa que permita y dirija a las personas y empresas hacia esos procesos, que son por el bien común y la salud de nuestro entorno y el planeta. Al igual que sucede con las fuentes de energía renovables, con todos los errores habidos, la apuesta por procesos de concienciación, reciclado y valorización energética es una necesidad urgente.
En relación a esto se ha sometido este mes de marzo a información pública el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en cumplimiento de la obligada transposición de la Directiva (UE) 2018/851 y la 2019/904, con plazo el 3 de julio de 2021 esta última. Una norma que trata materias nunca antes abordadas, como es el concepto de economía circular, prioritario en materia de prevención de generación de residuos. Todo ello en el marco de una estrategia a largo plazo en la trazabilidad y control de los residuos. El anteproyecto abarca multitud de puntos, desde la prevención hasta los impuestos, responsabilidad del productor de residuos, la trazabilidad o el régimen de inspección o sancionador. Veremos cómo queda y en su momento lo podremos analizar.
Se trata de una norma llena de intenciones, donde tal vez se eche en falta la facilitación de los procesos y cauces para que las empresas apuesten decididamente por la valorización de los residuos en fuente de energía y con ello contribuyan más activamente en la recogida, tratamiento y desaparición de los mismos y además aporten esa nueva fuente de energía totalmente verde al mix energético de nuestro país.
Héctor Paricio Rubio
Socio de carrau Corporación
Ignacio Soler es especialista en el asesoramiento legal a fundaciones. Abogado socio de Carrau Corporación y secretario de la Asociación Valenciana de Fundaciones, analiza en esta entrevista cómo han afrontado la crisis sanitaria y se han esforzado mucho en ayudar a la sociedad en este momento tan difícil. En su opinión, las fundaciones necesitan un nuevo marco normativo para desarrollar todo su potencial en beneficio de la sociedad.
– ¿Cómo ha afectado la pandemia a las fundaciones?
– Al igual que ha ocurrido con el resto de operadores jurídicos que actúan en nuestra sociedad, la incidencia ha sido muy heterogénea. Evidentemente todas han tenido que adaptar su actividad a la nueva situación y eso ha incrementado sus costes por las medidas de prevención. En cuanto a los proyectos, muchas han tenido que suspender actividades que venían realizando desde hace años, modificando sus planes de actuación, y otras se han tenido que adaptar a entornos digitales las que no perdieran su esencia.
– ¿Ha sido el momento de las fundaciones sociales?
– Desde luego, las fundaciones de carácter social y asistencial han incrementado sus actividades de una forma notable por la grave crisis sociosanitaria y económica que atravesamos, así como por la insuficiente respuesta de las administraciones públicas. Han hecho un sobreesfuerzo estas entidades en el loable y poco reconocido desarrollo de su función social: han intentado minimizar las consecuencias que para la población en general está suponiendo la pandemia.
– La Asociación Valenciana de Fundaciones trabaja para que la normativa en la Comunitat cambie. ¿Cómo ha de hacerlo?
– Pues lo cierto es que nos gustaría que nos dejaran trabajar. Me explico: la administración es absolutamente inmovilista en cuanto a modificaciones legislativas se refiere. La normativa de fundaciones promueve entidades con estructuras excesivamente rígidas, que imposibilitan el funcionamiento de las fundaciones en un marco social global y sumamente competitivo. Si queremos que las fundaciones superen la cultura de la subvención como medio de financiación, debemos dotarles de mecanismos que les permitan adaptarse a la realidad socio económica actual, y eso exige cierto grado de flexibilidad para poder desarrollar sus fines de interés social. Y mención aparte merece la inoperancia de la Ley de Mecenazgo.
– ¿No funciona la Ley de Mecenazgo?
– En períodos electorales, todos los partidos políticos se esfuerzan por introducir en sus programas un apartado dedicado a la reestructuración del mecenazgo, que inmediatamente olvidan el fondo del cajón en cuanto los ciudadanos depositan su voto en las urnas. Resulta imprescindible fomentar la cultura del mecenazgo, y además la administración lo debería hacer por propio interés, ya que si introdujéramos en los Presupuestos Generales del Estado el coste que suponen las actividades de interés general que desarrollan las Fundaciones, y que debería desarrollar el tan mentado Estado del bienestar, el déficit público alcanzaría niveles inasumibles.
– ¿Cómo debería ser la legislación para las fundaciones?
– Se debe adaptar a la realidad socio económica actual, flexibilizando el funcionamiento y estructuras de las fundaciones, dotándoles a su vez de un sistema de financiación que les permita el cumplimiento de sus fines, los cuales, no olvidemos, redundan en beneficio del conjunto de la sociedad. Podemos poner como ejemplo que, en ocasiones, los propios funcionarios de los distintos Protectorados se ven obligados a coartar iniciativas y planteamientos efectuados por entidades, que aportarían un indudable beneficio a la sociedad, simplemente porque la normativa no les permite dar el visto bueno, cuando el sentido común aconsejaría lo contrario.
– ¿Qué recomendaciones haría a quien se plantea constituir una Fundación? ¿Qué asesoramiento inicial necesita?
– En primer lugar, que se informen bien sobre si el instrumento adecuado para desarrollar su idea o proyecto es una fundación u otro tipo de entidad. La fundación es el vehículo para la consecución de fines de interés social, pero no es el único. Hay que conocer las ventajas e inconvenientes de la figura jurídica que escojamos para que nuestro proyecto llegue a buen término. En segundo lugar, es muy importante saber con qué medios contamos para poner en marcha el proyecto, y no sólo me refiero a la dotación fundacional, sino a un plan de viabilidad adecuado. Y un tercero, y no por ello menos importante: elegir bien a los compañeros de viaje, a esas personas que de forma altruista integrarán el patronato. Las fundaciones no solamente cumplen sus fines con una adecuada dotación fundacional o con medios de financiación suficientes, también precisan de una especial implicación humana. Y en este sentido, resulta cada vez más importante dotar a la organización de una mínima estructura profesionalizada, interna o externa, dado que la buena voluntad y dedicación de los patronos a veces no es suficiente para hacer las cosas conforme a la exigente legislación actual.
– ¿Qué mejoras fiscales requerirían las fundaciones?
– Resulta fundamental el desarrollo de una verdadera ley de mecenazgo, que haga viable la financiación de las actividades de interés social de las fundaciones. Estamos muy lejos de las desgravaciones fiscales que otorgan países de nuestro entorno como Francia, Inglaterra, Alemania o EEUU. También sería interesante analizar la posibilidad de establecer un régimen específico de deducibilidad del IVA soportado para las entidades no lucrativas, aunque eso daría para muchas más horas de debate.
